¿Qué hay detrás del auge de la violencia en Ecuador?

Entre gritos de horror y aturdimiento, los ecuatorianos fueron testigos del tercer asesinato a un actor político en menos de un mes. Tras el magnicidio de Fernando Villavicencio, el llamado de la sociedad a acabar con la violencia se intensifica. Sobre todo, se exige una respuesta del Estado y de las fuerzas del orden, para impedir que los más recientes crímenes queden en la impunidad.

El asesinato del candidato a la Asamblea, Rider Sánchez, el 17 de julio; del alcalde de Manta, Agustín Itriago, el 23 de julio; y del candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, son algunas de las manifestaciones más recientes de la violencia creciente en el país. A diario, su principal víctima es la población civil.

En la primera mitad del año, la Policía registró 3.500 asesinatos. Casi la mitad de estos, 1.390, se registraron en la ciudad costera de Guayaquil, anteriormente apodada como la ‘perla del Pacífico’ y ahora es considerada como la ‘capital del crimen’ en el país, según un análisis de Crisis Group. Las autoridades explican la violencia por el gran crecimiento del crimen organizado vinculado con el narcotráfico.

Los tipos de delitos se han diversificado. Aparte de muertes violentas, la población se enfrenta a extorsiones, secuestros, y atentados con explosivos como los carros bomba. “Es una serie de delitos que antes no eran comunes en nuestro país”, explica la socióloga experta en análisis de la opinión pública, Paulina Recalde. “Este tipo de eventos sube en intensidad, se concentra en un período de tiempo más corto, llega a lugares del país dónde antes eso no sucedía”, afirma para France 24, haciendo alusión al asesinato de Fernando Villavicencio en la capital misma del país.

Las cárceles se han convertido en centros de la violencia. Los motines muchas veces derivan en masacres, siendo la más reciente la del 25 de julio en la principal cárcel de Guayaquil, en la que murieron 31 reclusos. Las autoridades adjudicaron el origen de la violencia a confrontaciones entre grupos criminales opuestos dentro de la misma prisión. Recalde detalla que incluso tras su muerte, “los privados de libertad siguen en condiciones muy graves, difícilmente se identifican sus nombres ni se entregan sus cuerpos a sus familiares”.

Analistas y grupos internacionales de derechos humanos critican, en paralelo, la débil respuesta del Estado. También señalan casos de corrupción dentro de las fuerzas del orden, factor que explicaría el ingreso de municiones a las cárceles.

Sin embargo, en el 2015, el centro de investigación InSight Crime publicaba un artículo titulado: ‘De cómo Ecuador está disminuyendo su tasa de homicidios’. El país se había puesto como objetivo pasar de una tasa de 15 a cinco homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2017. Pero en 2022, la tasa fue de 25, la más alta registrada en el país en los últimos años. ¿Qué explica el giro a la violencia?

Ecuador, un centro de las redes de narcotráfico

Según datos de la Policía, en marzo de 2022, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales, que buscan obtener el “control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína”, analiza Crisis Group.

La violencia provocada por el narcotráfico en Ecuador se teje en el marco de redes criminales transnacionales. Algunas de las principales bandas de narcotráfico son Los Choneros, Los Lobos, y Tiguerones. Los Choneros, el grupo que amenazó a Fernando Villavicencio y que opera principalmente en Manta, ciudad de la que era alcalde Agustín Intriago, trabaja para el Cartel de Sinaloa. Mientras que los otros grupos lo hacen para el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ecuador ya era un espacio de tránsito para los narcotraficantes, pero en los últimos años se convirtió en un centro de acción. En parte, debido a cambios en las leyes en Colombia. Reuters explica que, en Ecuador, las leyes eran menos estrictas. En agosto del año pasado, la Policía incautó alrededor de 3,5 toneladas de cocaína, saliendo del puerto de Guayaquil en contenedores de bananas destinadas a Europa.

Crisis Group explica que la dolarización de la economía ecuatoriana facilita el lavado de dinero, otro factor atractivo para los narcotraficantes.

Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, denunció en una entrevista a France 24 que la economía criminal estaba infiltrando la economía ecuatoriana. "Sabemos que son 5.400 millones de dólares lo que manejan actualmente las economías criminales, y de lo cual cerca de 2.100 millones se lavan en la economía ecuatoriana", detalló.

Crisis Group recapitula: "La reconfiguración de las cadenas transfronterizas de suministro de drogas y una serie de fallas institucionales, en particular en el sistema penitenciario, han convertido a Ecuador en un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de activos por parte de grupos criminales".

Las cárceles, focos de la violencia armada

La población carcelaria pasó de 11.000 en 2009, a 40.000 en 2021, según datos recopilados por el medio local ‘Primicias’, y el 27% de los hombres estarían encarcelados por venta o posesión de drogas.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que, en las cárceles, personas arrestadas por delitos menores son altamente vulnerables a reclutamientos forzosos para el crimen organizado.

“Muchos detenidos, incluso aquellos en prisión preventiva o condenados por delitos menores, son obligados a trabajar con organizaciones criminales para preservar su integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama e insumos de salud”, denunciaba Human Rights Watch en un informe de julio de 2022.

Se estima que desde el 2020, casi 500 personas han muerto violentamente en las cárceles del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció “niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, [que responden] al abandono estatal del sistema penitenciario”.

Precisamente para aportar una respuesta a la crisis carcelaria, el presidente Guillermo Lasso creó una comisión especial para investigar la situación. El grupo de expertos concluyó que el 10% de los funcionarios del sistema penitenciario se beneficiaba de pagos mensuales por parte del crimen organizado.

“En el caso ecuatoriano, las cosas se han ido de las manos por la corrupción, por el nivel de injusticia que vivimos. Es injusticia institucionalizada”, declara Santiago Argüello, experto en criminología y derechos humanos. “La injusticia incide en la violencia que ocurre dentro de las cárceles”, afirma para France 24.

Por su parte, Recalde agrega que, en los últimos años, el sistema penitenciario se había salido de las manos del control civil. Es decir, había pasado de estar bajo el control de instituciones del Estado —de civiles en el poder público— a ser administrado por la Policía. Además, aclara que en los estallidos de violencia en las cárceles se han encontrado armas muy sofisticadas, y cuestiona la manera en que las municiones continúan llegando a las manos de los reclusos.

Las criticadas respuestas del Estado

El Gobierno de Guillermo Lasso ha declarado varios estados de emergencia en los últimos dos años. Medidas como patrullas militares en las calles y toques de queda se aplican con la intención de manejar los puntos álgidos de la crisis de seguridad. En abril de 2023, el presidente dio a conocer que había modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas para la autodefensa, una decisión que fue fuertemente criticada. Sin embargo, luego el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, afirmó que el porte seguiría sujeto a los estrictos controles y requisitos que existían previamente.

Andrade Quevedo critica, principalmente, la falta de inversión en seguridad por parte del Estado. "Ha habido puntos de quiebre, pero pese a ello no ha habido un cambio de rumbo, un cambio de prioridades presupuestarias, una inversión en seguridad: estamos a la deriva como país", asegura.

La secretaria de Seguridad de Quito explica que, en 2022, del presupuesto de 200 millones de dólares destinado a seguridad, sólo se ejecutó un 30%. De los 30 millones destinados específicamente al manejo de las cárceles, sólo se hizo uso del 21,8%. “La Policía está esperando algo tan básico como chalecos antibalas”, asegura.

El Gobierno ecuatoriano no ha privilegiado la inversión en la sociedad, frente a medidas para reducir el gasto público y saldar deudas con acreedores internacionales, coinciden en su análisis Crisis Group, Andrade Quevedo y Recalde.

Se trata, según explican, de unos eventos en cadena: la ausencia del Estado y la falta de protección social de la población la ponen en una situación de alta vulnerabilidad frente a las bandas del crimen organizado. Argüello y Andrade suman la crítica de la falta de inversión en investigación sobre la criminalidad: una medida que contribuiría al diseño de políticas públicas adaptadas a combatirla.

De cara a las próximas elecciones, impera un sentimiento de inseguridad. Se teme que no se garantice la vida de los candidatos y la incertidumbre es latente, ya que la ciudadanía deberá "concurrir a las urnas el 20 de agosto cuando se vive tal nivel de terror en el país", sentencia Recalde.

Por otro lado, existen demandas compartidas por la población para los candidatos hacia la carrera presidencial: que se avance en las investigaciones de los asesinatos, en los casos de corrupción y en vínculos del Estado con el narcotráfico.

“Quien llegue al Gobierno no tiene tiempo que perder”, asegura Andrade Quevedo. De lo contrario, concluye: “Estamos en camino hacia un Estado fallido”.

(France 24)